Antonio tenía 21 años, estudiaba Derecho, y aunque era guapo, quería «arreglarse la nariz». Entró en la clínica de cirugía estética, pero no salió más guapo ni más contento, salió en coma.
Han pasado ya 22 años y Antonio sigue en coma. La noticia hoy es que -al fin- después de más de dos décadas de un trámite judicial de los padres de Antonio contra un Goliat compuesto esencialmente por las seis aseguradoras de la clínica y del anestesista declarado responsable por negligencia en primera instancia, las partes llegaron a un acuerdo sobre el pago de la indemnización y su cifra.
Un trámite en que hubo una primera sentencia penal favorable a la víctima, recursos, rechazo de la demanda civil, una acampada de la familia de 522 días, aparición de un nuevo testigo, reapertura de la causa, y finalmente un acuerdo de 1.075.000 €. A razón de de 50.000 por cada año en coma vivido, si Antonio nos dejara mañana. 25.000 por año si vive 20 años más, y así….
Seis (sí, 6) aseguradoras pretendiendo que salir en coma de una rinoplastia es normal, queriendo invertir un principio probatorio básico: ¿quién está en mejores condiciones de probar lo que afirma? ¿los padres de Antonio, ajenos a todo mientras se realizaba la intervención deben estar obligados a probar que hubo negligencia? ¿o no será que -dado que lo normal es que de una rinoplastia a un paciente sano se salga igualmente sano- serán los médicos los que tengan que probar el hecho ajeno, extraordinario e imprevisible, que demuestre que no hubo la negligencia que debe presumirse?.
Más allá de consideraciones jurídicas con las que no es momento para aburriros, lo cierto es que este proceso judicial es una metáfora perfecta de las injusticias con las que nos enfrentamos en esta sociedad mercantilista, donde tiene más poder un oscuro directivo de una calificadora de riesgo que miles de personas tomando la calle (por ahora).
200.000 € de promedio por aseguradora se terminará pagando 20 años después. Cantidades equivalentes se pagan en, por ejemplo: un patrocinio por un día de partido en una camiseta de un club de fútbol (y quizás con algunos me quede corta); o por la realización de estudios e informes de esos que se encargan a grandes consultoras con renombre -muchas veces pertenecientes a los mismos capitales dueños de las aseguradoras- y que más allá del esfuerzo de muchos trabajadores de esas consultoras, por lo que se paga es por el «sello» de la consultora de prestigio (así el directivo que actúa en función de ese informe, se guarda las espaldas). Dicho de otro modo, estas compañías están dispuestas a gastar decenas de miles de euros anuales en «humo», pero no en la indemnización acordada judicialmente a una víctima de negligencia médica.
1.075.000 € de indemnización a los que se llegan después de 22 años de literal y real «calvario» de esos padres que hasta tuvieron que soportar una condena a pagar honorarios y costas judiciales cuando el Tribunal Supremo rechaza la demanda civil en 2009. Al pago de 400.000 € se condenó a los padres por rechazarse su demanda de daños y perjuicios. Otra vez la comparación: ¿400.000 € en honorarios profesionales y 1.075.000 € por toda una vida en coma?
No pretendo hacer demagogia a costa de los profesionales del Derecho, entre otras cosas porque soy profesional del Derecho y porque frente a muchos que nos avergüenzan hay muchísimos que honran su profesión, que «abogan» verdaderamente por la protección y el reconocimiento de los derechos de las personas. Y además, la obscena desproporción entre lo estimado por costas y honorarios profesionales y la indemnización que finalmente se recibirá, no es culpa de los profesionales del derecho. Es necesaria consecuencia de un sistema económico en el que antes que el derecho a una vida digna, está el derecho al patrimonio. Un sistema del que nos han intentado convencer de que es «el» sistema.
Los padres de Antonio finalmente llegaron a un acuerdo, «tiraron la toalla» dicen. Casi obligados tuvieron que aceptar la misma indemnización concedida por la Justicia 20 años antes. Y tuvieron que aceptar que nadie sea responsabilizado penalmente. Oficialmente no hay culpables. Firmaron un acuerdo sabiendo que sentirían arrepentimiento un segundo después de firmar. Pero 22 años es mucho. Un período de tiempo que para un banco, es el término de una hipoteca media, en el que posiblemente dupliquen el capital prestado. 22 años para una aseguradora es una inversión. Pero para una familia demandando justicia, lo único que multiplica ese período de tiempo es el dolor, la angustia y la incertidumbre. Maldita diferencia.
La noticia en Diario Público de 14 de julio.
Leyendo la noticia, sentí la necesidad de elevar esta oración laica, producto de la genialidad de María Elena Walsh. Por los Meño, por todos los que luchan por la Justicia.
Oración a la Justicia
Señora de ojos vendados
que estás en los tribunales
sin ver a los abogados,
baja de tus pedestales.
Quítate la venda y mira
Cuánta mentira.
Actualiza la balanza
y arremete con la espada
que sin tus buenos oficios
no somos nada.
Lávanos de sangre y tinta
resucita al inocente
y haz que los muertos entierren
el expediente.
Espanta a las aves negras
y aniquila a los gusanos
y que a tus plantas los hombres
se den la mano.
Ilumina al juez dormido,
apacigua toda guerra
y hazte reina para siempre
de nuestra tierra.
Señora de ojos vendados,
con la espada y la balanza
a los justos humillados
no les robes la esperanza.
Dales la razón y llora
porque ya es hora.
Para quien quiera escucharla:
DOS ORILLAS 