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Posts Tagged ‘derechos humanos’


Hace unos días tuve una discusión con compañeros de trabajo, acerca del asunto Repsol YPF (comenzó sobre el rumbo de la economía española y sobre cómo había visto a Argentina en mi reciente viaje, y terminó -cómo no- en YPF).

Lo de ser la roja y feminista de la empresa ya lo tengo -y lo tienen- asumido, así como ya tengo asumidos -que no consentidos- los micromachismos cotidianos con los que tengo que lidiar, buscando -y no siempre encontrando- el equilibrio entre no dejar pasar ni una, y mirar para otro lado para no arruinar la comida.

Lo que rescato de esa discusión es uno de los argumentos, esgrimidos por un economista cuando, a la afirmación de que “no debíais haber privatizado en los 90 entonces”, respondí: “entonces me dáis la razon, la recuperación de las acciones de YPF es la corrección de una incorrección que no debió haberse producido”. Este economista entonces afirma: “Claaaaro, Claudia tiene razón y nosotros no. Si mi abuela un día malvende todos sus bienes y deja a sus nietos sin nada de herencia, podemos, ya que eso no estuvo bien, ir a los compradores y quitarles todo lo que compraron, Así de fácil y con todo el morro. (ironic mode off)”

Dejando de lado que en este ejemplo también podría caber la restitución si hubo vicio del consentimiento en origen, y que expropiar no es quitar por las buenas algo a otro ni es algo de países bananeros, sino que la expropiación por causas de utilidad pública es una institución reconocida y utilizada por muchos países, entre ellos España. Decía, dejando de lado eso, lo que me llamó la atención del argumento es la llana y directa asimilación, poniendo en igualdad de condiciones para su protección contra el dispendio y mala administración, a los bienes particulares (los tesoros de la abuela) y a los recursos naturales, los derechos soberanos de un Estado.

Debo reconocer que mis intentos de hacerle entender las diferencias entre uno y otro fueron inútiles. Para él, reconocer las diferencias hubiera implicado cambiar su ideología y su manera de entender la economía y el mundo.

Y es así, no se trata de gestionar mejor o peor, ni siquiera de ser más o menos corrupto (fijaros incluso lo que llego a decir poniendo la corrupción en un plano secundario), se trata de -básicamente y reconociendo matices- dos concepciones antagónicas. Para unos, la propiedad de los bienes en general -sea particular o colectiva- debe estar sometida al principio de función social e interés común, y con más razón los recursos soberanos de un Estado. Para otros, la propiedad privada es un bien sagrado e intocable, y no hay cuestión de soberanía ni de recursos naturales que pueda estar por encima de ese sagrado derecho, todos los bienes son mercancías en potencia, y como tal deben ser tratados, aunque hablemos de petróleo, o de vacunas.

Y por qué me acordé de esta discusión?

Porque ayer escuché -en un avance del programa Salvados, de Jordi Évole- a Eduardo Montes, presidente de la patronal de las compañías eléctricas españolas (UNESA) comparar la producción en el sector eléctrico con la producción de latas de sardinas. El programa se emitirá este domingo a las 21.30, pero ya puede verse un adelanto en la web de la cadena.

El número uno del lobby de las eléctricas, muy suelto de cuerpo, ante una pregunta alusiva a la inexistencia de auditorías sobre los verdaderos costes del sector,  respondió: “¿Hay algún organismo que controle lo que cuestan las latas de sardinas?”,

Finalmente, y a la pregunta sobre lo que pueden hacer las compañías eléctricas para paliar la situación del creciente número de ciudadanos afectados por la pobreza energética, Montes contesta: “Lo que no puede ser es que sean compañías privadas las que suplanten una obligación del Estado”.

Ahí tenéis en su estado más puro a un fiel representante de esta ideología para la que los derechos humanos, las sardinas, la educación, los artículos de lujo, la electricidad, los recursos naturales, la necesidad de alimentos, las acciones en bolsa, la salud, el dólar… es todo lo mismo: mercancías. Ah, eso sí, lo dijo el señor bien clarito: que de los pobres se haga cargo el Estado.

Te dirán que se trata de elegir buenos gestores, te dirán incluso que es mejor elegir gobernantes ricos porque no necesitarán robar y serán honestos (pocas gilipolleces mayores he escuchado en el tema político), te dirán muchas cosas para que creas que ya está todo establecido, que existe un orden intocable, que la economía es una ciencia absoluta como las matemáticas, y que sólo hay que elegir buenos administradores.

No les creas. La ideología sí importa.

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1) La llamada “doctrina Parot” del Tribunal Supremo español es un criterio sobre aplicación de beneficios penitenciarios. Cuando alguien resulta condenado a penas por encima del máximo previsto en la ley, esos beneficios pueden aplicarse sobre el total de penas o sobre el máximo que debe cumplirse legalmente. Si los beneficios que implican reducción de pena se aplican sobre el total de penas y alguien ha sido condenado a 1.000 años de prisión no es lo mismo empezar a descontar tiempo, comenzando en 1.000 años o en 30 años (que es el máximo de condena de cumplimiento efectivo), como es evidente. Hasta una fecha determinada, en España se aplicaba la redención sobre la pena máxima de 30 años.

2) El cabreo ciudadano ante el hecho de que asesinos múltiples con condenas enormes quedasen en libertad a los 20 años de estar en prisión provocó una reforma legislativa  en 2003 que dio lugar a una modificación del artículo 78 del Código penal (del nuevo Código Penal de 1995 -que vino a reemplazar al de 1973- y que ya había eliminado la redención de penas, aunque mantenía, lógicamente, otros beneficios penitenciarios).  Es decir que a partir de 1995 ya no existía la redención de penas -aunque sí otros beneficios- y se seguía tomando como condena el máximo de 30 años. A partir de 2003 se pasa a tomar para los beneficios el total de las condenas múltiples (1.000 años, por ejemplo, y no 30).

3) El sólo hecho de que se hable de que la doctrina lleve el nombre del condenado, Parot, y no del jurista que la elaboró, es un claro indicio de que fue concebida ad hoc, para cambiar la interpretación de la ley con miras a un caso específico ya ocurrido. Se refería a un delito cometido antes de 1995 (o sea que existía la redención de penas y se contaba el máximo de 30 años) pero que finalizaba su condena después de 2003. La sentencia del Supremo que recoge la doctrina Parot es del año 2006, y a partir de ahí se aplicó en todos los casos de presos por delitos múltiples que con el cómputo anterior saldrían a los 20 años de prisión, para hacerles cumplir el máximo de 30 años.

4) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos -en relación a un caso concreto que fue llevado hasta él- no dice que el cómputo de las penas con la reforma penal de 2003 -que evita que criminales múltiples cumplan menos del máximo- esté mal, ni que el criterio de fondo de la doctrina Parot sea ilegal.

5) El Tribunal Europeo lo que hace es ratificar la vigencia plena para los Estados que respetan la Convención Europea de Derechos Humanos, de un principio básico del Derecho Penal de las sociedades democráticas: no hay delito ni pena sin ley penal que previamente lo establezca.

6) Este principio es una de la más importantes garantías ciudadanas contra la arbitrariedad del Estado y proporciona seguridad jurídica, al saber qué actos son delitos y qué sanción corresponde, antes del acto.

7) Cambiar el cómputo del cumplimiento de las penas extendiendo el período de prisión implica un cambio en la condena. Por ende, este cambio sólo puede aplicarse hacia el futuro: a los delitos cometidos con posterioridad a la nueva ley (a partir de 2003).

8) La doctrina Parot que extiende el período de prisión para determinados delitos múltiples, pretendía ser aplicada por el Tribunal Supremo español -y de hecho se aplicó- a delitos cometidos con anterioridad a su elaboración (el objetivo de esta doctrina es aplicar el cálculo extensivo de las penas a delitos cometidos antes de las modificaciones del Código Penal en 2003, puesto que a partir de aquí sí se aplica el cómputo extendido).

9) Es esto último lo que el Tribunal Europeo considera violatorio de la Convención Europea (art. 5.1, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa): ya que al momento de cometerse esos delitos no existía el Código Penal de 2003 y el criterio del Tribunal Supremo español era distinto al de la doctrina Parot. No es cierto que el Tribunal Europeo esté en contra de la aplicación de los beneficios sobre el total de condenas, de lo que está en contra es de que este cambio se aplique retroactivamente, a delitos cometidos con anterioridad a la ley. Y sí, los Tribunales de Derechos Humanos tienen la saludable costumbre de velar por los derechos humanos.

10) A la civilización humana le ha costado miles de años llegar a reconocer la existencia de algo tan básico como que “todo ser humano tiene determinados derechos por el sólo hecho de ser humano” y que las garantías en materia penal son una protección al ciudadano, -como yo y como tú que estás leyendo- contra la arbitrariedad del Estado, no una protección a los delincuentes.

11) Muy débil sería nuestro Estado de Derecho y nuestra convicción democrática si un criminal -con la excusa de aplicarle el mayor castigo- nos llevara como sociedad a traicionar los más elementales principios de aplicación de los derechos humanos. Convencidos de nuestro triunfo, no hubiéramos sido mejores que el criminal.

12) Es normal que las víctimas se sientan agraviadas por la imposibilidad de extender las penas a delitos cometidos antes de 2003 y consideren que la sentencia es injusta. En realidad, ninguna sentencia sería justa desde su punto de vista, por imposibilidad de restaurar las cosas la estado anterior al delito y por imposibilidad de que exista un castigo acorde al daño. Incluso si hubiera pena de muerte ¿acaso podría ser castigado tantas veces como delitos cometió el reo? Hasta con la pena de muerte, recibiría el mismo castigo el condenado por un homicidio que por treinta, porque ambos morirían una vez.

13) Siglos de civilización nos llevó pasar de un Derecho Penal en el que regía la venganza privada, a un Derecho Penal que ponía el poder punitivo en manos del Estado. Claro que las víctimas deben ser oídas, resarcidas y reivindicadas. Pero así como nadie defendería seriamente que un paciente con cáncer sabe más que su oncólogo sobre cómo curar el mal, no se puede defender seriamente que sean las víctimas las que determinen la política criminal del Estado, que lo que debe perseguir no es la venganza sino la paz social, con respeto a los derechos humanos. Las víctimas son parte, por supuesto, con derecho a ser oídas, pero no son el legislador ni el juez.

14) Los medios de comunicación ante la sentencia: lamentablemente, salvo contadas y honrosas excepciones, han perdido una gran oportunidad de informar al ciudadano, optando por desinformar azuzando los instintos más básicos de venganza. Hoy cualquier televidente medio cree que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “se ha puesto del lado de los terroristas”, cuando en realidad no ha hecho más que reafirmar los derechos humanos de todos los ciudadanos.

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El joven no entendía por qué tanto enfado con el Ministro francés que ordenó expulsar a todos los gitanos rumanos, de vuelta a Rumania:

Estos de los derechos humanos ya se pasan!!! Es cierto que delincuentes e impresentables hay de todos orígenes y colores, no es que yo sea racista ni “xenófago” o como se diga eso, pero a éstos que no son franceses -pensaba el joven- no tienen por qué aguantarlos. Además, yo estoy en España, qué me importa. Bastante tengo con lo mío, hace dos años ya que no tengo curro, nadie necesita un albañil. Y sin pasta tampoco puedo estudiar otra cosa…
En fin… voy a seguir echando currículums, a ver si hay suerte. Ahora hay que tener suerte hasta para que te reciban el currículum, y ni hablar para que al menos lo lean. Creo que tengo más posibilidades de ganar la lotería que de encontrar algún curro. Y encima te encuentras con que está lleno de extranjeros trabajando. No tengo nada contra ellos, pero ¿no debería ser los españoles primero cuando somos tantos los que estamos parados? 6.000.000 de desempleados, si los de afuera se volvieran todos a su país seguro que la mitad de los españoles encuentra trabajo.
Ayer mismo pasé por una empresa de transporte a echar el curriculum (no he repartido nunca, pero no me importa y aprendo rápido, además me gusta conducir), cuando llegué había un montón de conductores descargando, y resulta que también había colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, marroquíes, rumanos, y un par de negros africanos. Cuando localicé a un español le pregunté dónde dejar el CV y llamó a la responsable: “Claudia, ¿puedes bajar que hay un chico que pregunta por trabajo?” Era también extranjera!!!!!
No puede ser, si dan ganas de hacerse de esos con la cabeza rapada y las botas, un “esquínjed” de esos. Ya sé, voy a escribir a los de la empresa de transporte y les exigiré que despidan a todos los extranjeros y contraten nacionales o les mando una inspección de trabajo y de hacienda y de todo lo que pueda. Nadie está limpio del todo, seguro que se asustan. Decidido. No les va a salir barato tener tantos extranjeros. Alguien tiene que hacer algo o este país se va al carajo.
Primero los de casa ¿no? Si tus hijos pasan hambre no le vas a regalar comida al vecino. Pues acá pasa lo mismo. Si hay españoles en paro no vamos a regalar empleo a los de afuera!!!
Bueno, a seguir. Me voy para Llanera de Ranes que me dijeron que van a contratar albañiles para unas obras viales y la nueva planta de residuos también pide gente.

– Buenas… ¿es acá donde hay que apuntarse para la obra vial?
– Sí, déjeme el currículum.
– Tome. Como verá, soy albañil con mucha experiencia, español, y hablo valenciano.
– ¿Es vecino de Llanera? Porque acá Ud. pone que vive en Valencia.
– No, soy de Alzira de toda la vida, pero ahora vivo en Valencia.
– Lo siento entonces, se ha decidido contratar solamente a vecinos del pueblo. Tome, llévese el currículum, si lo deja irá a la basura.

Esta historia es una ficción basada en distintos hechos e informaciones reales, vividos o presenciados por la autora.

María Claudia Cambi

Valencia, 25 de septiembre de 2013

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Os aseguro que he intentado, pero después de recabar opiniones de familiares, amigos, conocidos, colegas, contactos, expertos, autoridades, etc., no he podido encontrar a nadie que esté a favor del aborto.

Yo tampoco. Yo no promociono el aborto, yo no recomiendo abortar a cada mujer embarazada que veo, tampoco afirmo que el hecho del aborto sea bueno ni que te haga más feliz, yo no digo: toda mujer debería abortar al menos una vez en la vida. Y -sinceramente- hasta ahora no he oído ni leído a nadie que piense así.

Con lo que me encontré es con personas de las más diversas opiniones y creencias en los aspectos morales, éticos y religiosos, y en las más diversas situaciones: hombres y mujeres, solteras y casadas, ricos y pobres, madres, padres, hermanos… Me encontré con quienes están en una posición en la que jamás se encontrarían con semejante dilema personal, y sin embargo rotundamente afirman que jamás justificarían un aborto y se cierran ante cualquier argumento  despenalizador. Y a la inversa, me encontré con personas que en su esfera personal han decidido o creen que decidirían siempre no abortar, y sin embargo están a favor de la despenalización del aborto y defienden el derecho de la mujer a recibir asistencia y poder de decisión en ese aspecto.

A favor o en contra del aborto es un falso eje de discusión. Tan falso como autoproclamarse “provida” quienes están a favor de la criminalización del aborto. Aclarado esto ¿en contra o a favor de qué?. Vamos por partes:

El aborto es una cuestión de Derecho Penal. EN CONTRA.

Está demostrado que la amenaza penal no logra evitar abortos. Lo único que logra es que la intervención se produzca en la clandestinidad. Que a una mujer que se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida, se le añada el estigma de la criminalización y el rechazo. Que la clandestinidad a la que se ve obligada la lleve a tener que tomar decisiones en soledad y sin ningún tipo de amparo.

La aplicación de las normas penales tampoco funciona, ni puede funcionar. Aplicar el Código Penal y perseguir el delito implicaría que deban ir presas cada año casi cientos de miles de mujeres por cada país que lo haga. Mujeres que pueden ser nuestras hermanas, amigas, vecinas, cuñadas, maestras… En general, ni siquiera se persigue el delito, porque la sociedad no está dispuesta a que esas mujeres vayan a prisión. Los procesos penales iniciados casi nunca terminan en condena, pero la persecución penal y el sometimiento a juicio es una condena en sí misma para la mujer. Que paradójico, mientras una parte de la sociedad demanda -con toda razón- que se penalicen actos que actualmente están fuera del Código Penal permitiendo que estafadores y vaciadores de las arcas públicas estén en libertad, otra parte de la sociedad

El principal efecto que produce la criminalización del aborto es que éste se produzca en la clandestinidad, y que la mujer tenga que enfrentarse a esa decisión sin ningún tipo de contención institucional.

El aborto es una cuestión de Salud Pública, Justicia Social y Derechos Humanos. A FAVOR.

El aborto clandestino coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad mayor en comparación con el aborto legal. Muchas veces deciden afrontar el tema en la más absoluta soledad con la consiguiente indefensión ante cualquier problema. Muchísimas veces ante una complicación el miedo a enfrentarse a la justicia impide que acudan al auxilio médico.  Incluso cuando el aborto se realiza en las mejores condiciones, cuando el dinero no es un problema, la clandestinidad en sí misma es un factor que aumenta exponencialmente el riesgo de muerte. Muertes que podrían evitarse. Por eso el aborto es una cuestión de Salud Pública.

El aborto clandestino aumenta el riesgo de muerte sin distinción de clases, pero además agrava las diferencias entre ricos y pobres, poniendo en una situación de vulnerabilidad máxima a las mujeres sin recursos económicos. Ellas no podrán acceder a una clínica privada. Deberán recurrir a métodos caseros o a profesionales no cualificados y lugares no habilitados. Por eso el aborto es también una cuestión de Justicia Social.

El 77% de los líderes antiaborto son hombres. El 100% de ellos nunca estarán embarazados.

El 77% de los líderes antiaborto son hombres.
El 100% de ellos nunca estarán embarazados.

El Estado debe evitar todas las muertes evitables. Y estando comprobado que la persecución penal no disminuye el número de abortos, la acción del Estado debe dirigirse a que el aborto pueda realizarse en condiciones seguras de salubridad. El Estado tiene a su alcance impedir las muertes de las mujeres más vulnerables por los abortos clandestinos. Los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna en muchos países  donde el aborto es considerado delito. Añadamos el hecho de que no hay ninguna situación comparable en la que se encuentre la otra mitad de la especie -el género masculino- como consecuencia de la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. Incluso cuando ambos están de acuerdo, la vida en riesgo como consecuencia de la clandestinidad es la de la mujer. Es una clara situación de desventaja evitable en la que se encuentra más de la mitad de la población. Por eso el aborto es una cuestión de Derechos Humanos.

Despenalizar el aborto no aumentará el  número de abortos. No hay ningún país del mundo donde ello haya ocurrido. Al contrario, la despenalización del aborto va de la mano de políticas de educación sexual que lo que hacen es evitar precisamente los embarazos no deseados. Además, estoy convencida de que hay más posibilidades de que decida continuar su embarazo una mujer en situación de desprotección si puede acudir a las instituciones, recibir asesoramiento y apoyo y -con la contención adecuada- decidir libremente, que las posibilidades de decidir continuar que tiene una mujer que se ve obligada a acudir al circuito clandestino cuyo único destino es el aborto, no la contención ni la ayuda institucional.

Por eso: Educación sexual para poder decidir libremente, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

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El 21 de marzo es el Día Internacional contra la Xenofobia y el Racismo en recuerdo de la Matanza de Sharpeville, que tuvo lugar en Sudáfrica ese día de 1960, cuando la policía abrió fuego contra una manifestación que protestaba contra el régimen del apartheid o segregación racial. 69 muertos  y 180 heridos, muchos de ellos niños, y todos de raza negra.

Medio siglo después y a pesar de los esfuerzos, la discriminación racial sigue presente, muy presente en nuestro entorno. No de la misma forma, por supuesto. El racismo violento –afortunadamente- se reduce a grupos de inadaptados, en muchos casos manipulados por agrupaciones políticas de extrema derecha. Aún con el peligro que acarrean, siguen siendo marginales, y su violencia se combate con el Código Penal. Son delincuentes, y así deben ser tratados. Esos no me preocupan.

La discriminación racial que sí me preocupa y que es la más extendida es esa de baja intensidad, que busca aprobación social y se entremezcla con la xenofobia, al punto que pueden considerarse en esencia, lo mismo. Miedo al diferente que se manifiesta de diversas formas: desde la invisibilización hasta la agresión física, pasando por el convencimiento de que somos superiores, y de que son “ellos” los que deben cambiar y ser como “nosotros”, renunciando a su propia cultura si quieren que los aceptemos, ya que las sensibilidades culturales y religiosas que tenemos que respetar son la “de aquí”, no las de ellos, que son “de fuera”. Eso sí, siempre acompañado de la aclaración de que “no soy racista, pero…”.

El racismo de baja intensidad de la gente como tú y como yo, del vecino, de la compañera de trabajo, de la recepcionista, del que atiende el teléfono y se pone en guardia cuando el otro habla con acento, del que cree que el inmigrante de la tienda de la esquina no se entera de sus burlas.

El racismo de quien compró el discurso xenófobo y creyó de buena fe que la solución al desempleo venía de la mano de mandar los inmigrantes de vuelta a sus países de origen, como si de deshechos industriales se tratara, que aplaudió las detenciones arbitrarias, la privación de derechos, la criminalización de una persona sólo por ser. Que votó a los candidatos que anunciaban que privarían a los inmigrantes del derecho a la salud, a la educación, a las ayudas sociales y a la vivienda. Que sabía que no estaba bien, que no era solidario ni era caridad cristiana, pero qué diablos… era por el bienestar y el empleo de “los de aquí”.

Siempre habrá alguien que lo justifique diciendo: "los que marginan son ellos!!".

Siempre habrá alguien que lo justifique diciendo: “los que marginan son ellos!!”.

El racismo de quien -ahora que se han ido por voluntad propia o a la fuerza no sólo muchos inmigrantes sino también muchos nacionales- ve que el desempleo sigue su escalada hasta porcentajes que parecen de ficción, que disminuye la recaudación impositiva y que entonces nos dicen que el problema está en que el Estado de Bienestar es obsoleto, que si el Estado gastara menos en mantener la salud pública y la educación y aceptáramos pagar aún más por ello habría más dinero para crear empleo y dinamizar la economía, que “achicar el Estado es agrandar la nación”, y entonces hay más desempleo, y se restringen también al máximo las ayudas a los desempleados.

Mientras tanto, los Bancos. Unos han tenido ganancias récord –en su cuenta de resultados y en la remuneración de sus directivos- y otros gestionados ruinosamente han sido rescatados con dinero público, dinero nuestro. Los Bancos que son los profesionales del crédito pero que son tratados por la Justicia como si fueran la víctima incauta frente al contrato de adhesión que el deudor hipotecario poderoso y manipulador de precios del mercado le ha obligado a firmar. Los Bancos a los que damos nuestro dinero público barato para que nos lo presten  más caro y así pagar la deuda pública contraída para rescatarlos a ellos mismos (así de simple, de tonto, y de criminal). Los Bancos que cada día dejan cientos de familias en la calle para quedarse con la vivienda vacía más la vivienda del jubilado avalista de su hijo hipotecado.

Y ahora es cuando –muy tarde ya- muchos “que no son racistas, pero…” se dan cuenta de que los han engañado. Ahora es cuando advierten que no es luchando por “lo de uno” cómo se conservan los derechos propios, sino luchando por los derechos de todos.  Que los derechos propios no pueden estar garantizados cuando no están garantizados los derechos ajenos.

En eso consiste, precisamente, la diferencia entre derechos y privilegios. Mientras los privilegios se basan en la privación del prójimo, en disfrutar lo que los demás no, los derechos tienen una matemática maravillosa: mientras más se amplían los derechos ajenos, más garantizados tenemos los nuestros. Y mientras más amenazados estén los derechos ajenos, más en peligro estarán los nuestros. ¿Por qué? Porque en una sociedad que consiente la exclusión y la discriminación, nunca perderás el miedo de que el próximo excluido o discriminado seas tú.

¿Qué hubiera pasado si el 10% -sólo el 10%- de quienes ahora se movilizan contra despidos o contra desahucios, nos hubieran acompañado cuando sólo éramos “cuatro almas” los que  nos movilizábamos contra las expulsiones de seres humanos y los Centros de Internamiento de Extranjeros, por los derechos de los más vulnerables de la sociedad en ese momento?

Quizás –sólo quizás- ahora no estaríamos luchando por derechos que creíamos asegurados. Quizás los que nos están robando nuestros derechos se hubieran encontrado con la resistencia de una sociedad más unida y solidaria. Quizás, si el por entonces Presidente del Gobierno hubiera sabido que contaba con la red de una ciudadanía solidaria y combativa no por sus intereses sino por los derechos de todos, y dispuesta a plantarse de verdad frente a los poderes fácticos y especulativos…. quizás no se hubiera dejado torcer el brazo y no hubiera firmado los decretos que jamás creyó que firmaría.

Mohamed Aziz frente a la vivienda de la que fue desalojado en 2011.

Mohamed Aziz frente a la vivienda de la que fue desalojado en 2011.

Y en medio de todo esto, nos encontramos con que el ciudadano que luchó y logró el dictado de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pone en jaque al sistema hipotecario español y abre el camino de la recomposición del equilibrio de derechos y paralización de los desahucios…  se llama Mohamed Aziz, y es un inmigrante marroquí.

No puedo evitar preguntarme: ¿Cuántos de los posibles beneficiarios de su perseverancia habrán mirado, opinado y actuado con algún grado de desprecio o resentimiento frente a ese inmigrante que “les robaba el empleo y las ayudas sociales” cuando las cosas se pusieron difíciles?

Para terminar, las palabras de mi amiga Leire Diez al conocer la noticia: ¿La sociedad se dará cuenta de que la historia devuelve a los intolerantes bofetones de dignidad de quienes sufrieron los ataques?

María Claudia Cambi

Valencia, 21 de marzo de 2013.

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Los Derechos Humanos son universales, son generosos, son inclusivos. No existe Ser Humano que no esté protegido por ellos.

¿Qué quiere decir esto? Que todos, TODOS, podemos exigir de las instituciones y poderes públicos que esos Derechos Humanos lleguen a nosotros.

¿Y alcanza con la existencia de las Declaraciones de Derechos? Pues no, las Declaraciones (como la DUDH, o las Constituciones nacionales), no se aplican por sí mismas, pero son un instrumento, un arma, una defensa que tenemos los seres humanos frente al Estado, que es quien tiene el monopolio de la fuerza y quien debe protegernos.

¿Y por qué decimos que los Derechos Humanos son generosos, son inclusivos? Porque bajo su ámbito de protección entramos todos. Afortunadamente los Derechos Humanos no se gastan por su uso, al contrario, su uso y difusión los mejora, los fortalece y hace crecer. Mientras más personas disfruten de sus derechos, más asegurados tendremos el disfrute de los nuestros.

Creer en los Derechos Humanos es estar de acuerdo en la necesidad de fijar una serie de derechos considerados inalienables. Quien crea en ellos no puede, a continuación, intentar establecer categorías de humanos o una especie de ranking de méritos para dividir la humanidad entre los que tienen determinados derechos humanos y los que no.

Si un derecho puede negársele a uno sólo de los integrantes de la especie humana entonces no es un derecho humano.

Sin embargo –y esto ocurre de forma bastante generalizada- al compás de las noticias policiales (más bien los hechos seleccionados por los editores de prensa como noticiables) cada vez más personas asumen el discurso de que los Derechos Humanos solamente se aplican en favor de los criminales, que los Derechos Humanos no protegen a las víctimas. O sino, se repite la frase que quizás por ser ocurrente, se cree que es una frase inteligente: “Los Derechos Humanos deben ser solamente para los Humanos Derechos.”

¿Quiere decir entonces que existirían seres humanos que quedarían excluidos de su protección?

Para quienes así piensan, los Derechos Humanos dejan fuera a los “humanos torcidos”, y casi sin dudar y por unanimidad, entran en esta categoría los delincuentes de las noticias que nos aterran. Cuidado, no me refiero a los especuladores de Wall Street, ni a los defraudadores, ni a los fabricantes de armas e ideólogos de guerras. Porque resulta que ellos no nos aterran. No de la manera en que nos aterran e indignan los sucesos policiales y en especial si en el hecho intervienen menores de edad.

Al ritmo de los titulares de las noticias, asistimos a exigencias de: pena de muerte, prisión perpetua irrevocable, imputabilidad de los menores como adultos, inversión del principio de inocencia, mano dura policial (como si fuera blanda actualmente). Y muchos creen de verdad que estas son soluciones para evitar el aumento de la criminalidad. Volviendo a al pensamiento mágico de los hombres de las cavernas, que dibujaban en las paredes aquello a lo que temían, para así atraparlo. Hoy –al decir del reconocido jurista Eugenio R. Zaffaroni- las paredes de las cavernas son los Boletines Oficiales, creemos que por arte de magia, si endurecemos la ley resignando Derechos Humanos, controlamos aquello que nos aterra.

De nada sirve que se presenten estudios, informes, estadísticas que muestran y demuestran que la pena de muerte no disminuye los delitos (al contrario, perdido por perdido, el delincuente ya no tendrá motivo para detener su carrera y entregarse); que imputar a los menores como adultos lo que hace es crear más delincuentes (al privarlos de la posibilidad de reinserción); que la represión policial innecesaria y excesiva es tan ineficaz como la falta de presencia policial.

Y este discurso inexacto y excluyente no sólo es asumido por la derecha reaccionaria, también es asumido por una franja importante de la población, una clase media que de buena fe cree que eso le traerá más seguridad. Y que también ingenuamente cree que los criminales son los otros (“a mí eso no me pasa”) al tiempo que cree que los Derechos Humanos actualmente favorecen únicamente a los “criminales”.

Como resultado, o bien se resta importancia a los Derechos Humanos, como algo pasado de moda e ideologizado, o bien se pretende una vigencia de los Derechos Humanos reducida exclusivamente a la “gente de bien”, a los “humanos derechos”. De este modo, y gradualmente, van saliendo del paraguas de su protección los “humanos torcidos”: primero los que cometen delitos graves, luego los que incurren en delitos menores, los menores que delinquen, los inmigrantes sin papeles, los enfermos mentales, los marginados. El lector creerá que exagero, pero cuando se abre la veda de la exclusión, no tiene límites. En función del “Juez”, todos estaríamos en peligro de estar excluidos, sin excepción.

¿Y qué hacemos entonces para revertir este discurso?

Principalmente, confiar en la universalidad de los Derechos Humanos, su amplitud y su carácter inclusivo. PENSAR. Y hacer pedagogía, mucha pedagogía. Pensar es gratis, dice y redice mi amigo Jaume D’Urgell (algo tan obvio, pero que por eso mismo no tenemos en cuenta).

Comprender y hacer comprender que así como todos podemos ser víctimas, todos podemos cometer delitos. TODOS. Que es mejor hablar de personas que cometen delitos. No de criminales. Personas despreciables y crímenes que nos revuelven el estómago, claro que los hay, como en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, las leyes penales y las garantías además de estar pensadas para las personas que delinquen (a ver quien se anima a asegurar que nunca lo hará) también están pensadas para los inocentes imputados de delito (a ver quien cree que nunca le va a tocar). Para unos y otros, para nosotros, que somos el 99%.

Porque creemos en la universalidad de los Derechos Humanos (y hoy Argentina está siendo ejemplo en el mundo en ese aspecto) es que no estamos torturando a Videla, Astiz y los demás genocidas para que nos digan donde tienen a los 30.000 desaparecidos (diría mi amigo Eddie Abramovich). En cambio, están siendo juzgados en un proceso penal con todas las garantías a que tienen derecho. PORQUE SOMOS MEJORES. Y PORQUE PARA NOSOTROS NO HAY HUMANOS DE SEGUNDA.

Y algún lector opinará: es muy fácil hablar así cuando no te han hecho nada, cuando no han violado o asesinado a un familiar. Estimado lector que así piensa: deseo que nunca tenga que pasar por ese trance, y si lo ha pasado, deseo que se haya hecho justicia. Dicho esto, puedo asegurar que si alguien llegara a agredir gravemente a alguien de mi familia, serán mis amigos los que me tengan que encadenar para que no me encargue yo misma de asesinar a esa persona, y de la forma en la que más pueda sufrir. Y si tuviera que ser abogada defensora de un padre que mata al violador de su hija, estoy segura de que podría lograr la absolución o –cuanto menos- una pena mínima. Pero el Estado, no soy yo. Cuando la sociedad en un momento de su historia decidió abandonar la venganza privada y conceder al Estado el monopolio de la sanción penal, fue precisamente para protegernos. Porque el Estado debe perseguir la paz social, no la venganza.

El camino –en cualquier caso- no pasa por menos derechos para una categoría de personas –los que han cometido delito o pertenecen a un grupo de riesgo- en la que podemos caber todos.

El camino está en todo caso, en más derechos para otra categoría en la que también podemos estar todos: LAS VICTIMAS.

Más derechos para las víctimas, las actuales y las futuras. Lo que implica procedimientos penales que no las dejen al margen, pero esto no tiene nada que ver con considerar a los delincuentes como “no humanos”.

Lo que implica también prevención, integración, tomarse en serio lo de trabajar con los grupos de riesgo (nadie busca ser marginado), y teniendo claro que no sirve para eso el “meta bala” (que, por cierto, me recuerda al tristemente célebre para los argentinos “no ahorre sangre de gauchos”).

El camino está también en pensar en nuestros hijos y nietos. En trabajar desde ahora en reducir la criminalidad futura, en dejar de crear otro tipo de víctimas, las víctimas del sistema que los margina. No atenderlos, es considerarlos víctimas de segunda. ¿Cómo? Educación, integración, trabajo, salud, alimentación, PLANES serios, políticas de Estado.

Reclamar por los derechos de las víctimas, no tiene porqué privar de sus derechos a los imputados o condenados, ni olvidar que no hay mejor receta que la prevención. De ningún modo.

Por último, quiero llamar la atención sobre otro discurso que –si bien proviene del “lado contrario”- me resulta igual de preocupante que el que acabo de cuestionar. El que dice: “quienes se preocupan y ponen el grito por las víctimas de la delincuencia callejera, nunca reaccionaron igual por los niños que mueren de desnutrición o las mujeres que mueren en abortos ilegales.”

Lo pronuncian también personas bienintencionadas, de buena fe, preocupadas especialmente por las cuestiones sociales. Sin embargo, para este discurso –aunque involuntariamente- también hay víctimas de segunda.

Si para la derecha reaccionaria las víctimas del sistema son víctimas de segunda, para nosotros, para quienes creemos en los Derechos Humanos, todas las víctimas deben ser igual de importantes.

¿Acaso podemos decir que sufre más o menos quien pierde a un hijo por negligencia médica, por un robo con violencia, o por gatillo fácil, por un accidente de tránsito, por desnutrición, por sobredosis, o un atentado terrorista?

Serán distintas causas, distintos responsables, y por ende distintas maneras de prevenir esos delitos, pero TODAS las víctimas nos duelen igual, y si hay manera de prevenir esas muertes, todas nos importan por igual.

Que los que discriminan sean ellos, nosotros no.

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Carlos Blaquier - Protestas en Jujuy (imagen de www.infonews.com)Carlos Pedro Blaquier es dueño de una de las más grandes empresas de Argentina –el Ingenio Ledesma- y un terrateniente que asentó su poder sobre la base de la explotación, la compra de voluntades y la colaboración con las sucesivas dictaduras. Hoy, está imputado por la detención, secuestro y desaparición de decenas de ciudadanos jujeños en julio de 1976, durante la llamada “Noche del Apagón”, en la primera causa judicial que investiga de lleno la llamada “pata empresaria” de la dictadura.

Días atrás trataba yo de localizar una carta suya -publicada en enero de 2001 por el matutino argentino La Nación- que tuve el mal trago de leer, en la que defendía la idea de desigualdad natural y el derecho de los “mejor dotados” a ser la minoría dominante, mientras aseveraba que pretender eliminar las desigualdades era ir contra el “orden natural”.

Se pronunciaba Blaquier en dicha declaración –cómo no- contra todo intento que vaya más allá de la caridad y que implique justicia social, sentenciando: “La propia naturaleza ha puesto en los hombres muchísimas y muy grandes desigualdades. (…) y de esta inevitable desigualdad deriva como consecuencia la desigualdad de las situaciones en la vida.  Además, los hombres mejor dotados han sido siempre minoría. De todo lo cual resulta que son muchos menos los que están en los sectores más altos de la escala que los que se encuentran más abajo. Pretender eliminar estas desigualdades es ir contra el orden natural de las cosas y desalentaría a los más aptos para realizar la labor creadora del progreso a la que están llamados.”

Y sigue: Es comprensible -no justificable- que por las características de la naturaleza humana los menos dotados se consideren injustamente tratados e intenten sustituir a los mejor dotados. Esto es lo que con toda razón se ha llamado ‘la envidia igualitaria. El resto puede verse –si hay estómago- en http://www.lanacion.com.ar/49183-cartas-de-lectores.

Los resultados de Google me obsequiaron también con dos publicaciones del actual presidente del gobierno de España, el señor Mariano Rajoy, de 1983 y 1984, en “El Faro de Vigo”, sobre idéntico tema, y con similares argumentos, y por supuesto el mismo objetivo: la defensa de la desigualdad como parte del orden divino.

He aquí una muestra de las palabras de Mariano Rajoy, y su pensamiento: “Ya en épocas remotas se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre (…), era un hecho objetivo que los hijos de ‘buena estirpe’ superaban a los demás”. “El hombre, en cierta manera, nace predestinado para lo que debe ser”.Demostrada de forma indiscutible que la naturaleza, que es jerárquica, engendra a todos los hombres desiguales, no tratemos de explotar la envidia y el resentimiento para asentar la dictadura igualitaria.” 

Dicho principio le da pie a denostar todo lo que suene a público, social o colectivo: “La experiencia ha demostrado de modo irrefragable que la gestión estatal es menos eficaz que la privada. ¿Qué sentido tienen pues las nacionalizaciones? Principalmente el de desposeer, o sea, el de satisfacer la envidia igualitaria.” 

Y ya que está, no se queda en los principios sino que pasa al plano patrimonial (haber empezado por ahí…): “También es un hecho que la inversión particular es mucho más rentable no subsidiaria (…). ¿Por qué, entonces, arrebatar con una fiscalidad creciente a la inversión privada fracciones cada vez mayores de sus ahorros? También para que no haya ricos para satisfacer la envidia igualitaria. (…) ¿Por qué, mediante la imposición progresiva, se hace pagar a unos hasta un porcentaje diez veces superior al de otros por la misma cantidad de ingresos? Para penalizar la superior capacidad, o sea, para satisfacer la envidia igualitaria. Lo equitativo es que las remuneraciones sean proporcionales a los rendimientos. En tal caso ¿por qué se insiste en aproximar los salarios? Para que nadie gane más que otro y, de este modo, satisfacer la envidia igualitaria. El supremo incentivo para estimular la productividad son las primas de producción. ¿Por qué, entonces, se exige que los incrementos salariales sean lineales? Para castigar al más laborioso y preparado, con lo que se satisface la envidia igualitaria. Y así sucesivamente.

Puede verse un resumen en: http://elpais.com/elpais/2007/01/19/actualidad/1169198217_850215.html y en http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/6/26/1372266495793Rajoy.Faro%20de%20Vigo.24.07.84.pdf

Expuesto lo anterior, aclaro que no es el objetivo de este artículo debatir ni rebatir tales ideas. Por un lado, porque entablar un debate con un imputado por cómplice de genocidio sobre sus ideas genocidas, está por debajo de mi dignidad. Por otro lado, y con relación a las ideas expuestas por el actual presidente del gobierno del Reino de España, no hace falta mucho esfuerzo argumentativo para echar por tierra su teoría de la superioridad natural de los hijos de buena estirpe, así como su mantra de que la gestión estatal es menos eficaz que la privada, o su afirmación de que el supremo incentivo del progreso es el económico.” Me alcanza con un par de ejemplos muy a mano, Sr. Presidente.

¿Sabe quien es Jonas Salk? Es un señor nacido en Nueva York en 1914, hijo de una familia inmigrante ruso-judía sin educación, nacido y criado en Harlem, Queens y el Bronx. Sin estirpe, sin dinero, y estudiante de escuela pública, descubrió la primera vacuna contra los tres virus de la poliomielitis que permitió la erradicación de una enfermedad considerada un flagelo. Seguramente a Ud. se la aplicaron de pequeño. Seguramente sus padres se aliviaron cuando se enteraron que existía una vacuna para la polio, justamente el año que Ud. nació. Por cierto, el incentivo de Salk no fue el para Ud. supremo incentivo económico. Cuando le preguntaron en una entrevista quién tenía la patente de la vacuna, respondió: “No hay patente. ¿Se puede patentar el Sol?”

¿Y el Dr. Rafael Matesanz? Lo conoce. Es el creador y director, desde su fundación en 1989, dela Organización Nacionalde Transplantes de España. El país es líder mundial en donación y transplante de órganos, gracias a la eficacia de un sistema que ya ha sido exportado y es ejemplo para muchos países. No sólo es el país con mayor número de donantes por habitante sino que -atención- tiene la más alta tasa de sobrevida. 20 puntos (si, leen bien) por encima de Estados Unidos. ¿A qué se debe la diferencia? Al sistema sanitario público español. No se debe a una mayor tecnología, ni siquiera a una diferencia relevante en cuanto a la preparación profesional respecto del país más poderoso del mundo y modelo del capitalismo. Sencillamente: una red sanitaria pública que garantiza al trasplantado el seguimiento y la atención adecuados, así como el suministro gratuito de los medicamentos durante toda su vida.La Organización Nacionalde Transplantes, que recibió en 2010 el Premio Príncipe de Asturias ala Cooperación Internacional, es un referente a nivel mundial, muy por encima de aquellos otros modelos basados en la gestión privada.

Estas ideas compartidas por el terrateniente imputado por genocidio y el presidente del gobierno del Reino de España, aunque fácilmente rebatibles, son peligrosas. No sólo porque elevan la discriminación y el egoísmo a la categoría de valores, sino por su contracara: “Si es cierto que desde nuestra concepción estamos predestinados por nuestros genes, nuestra estirpe, para ser superiores –o no-  quiere decir que la ‘mala estirpe’ también se hereda.” Y esa idea es la que fundamenta crímenes tan atroces como la apropiación de los hijos de detenidos/desaparecidos y la supresión de identidad de menores, o sirve de excusa moral para las adopciones ilegítimas.

Soy optimista por naturaleza, y este optimismo no me impide ser realista. No me preocupa Blaquier. Al fin y al cabo, es un empresario que por fin está sometido ala Justicia. Elpoder con el que controló durante décadas el Noroeste argentino sobre la base del miedo y  el silencio ha comenzado a debilitarse. Parafraseando a Libertad, la de Mafalda: su locomotora no se ha detenido, pero hay una pulga que está llenando de ronchas al maquinista.

Sí me preocupa en cambio que el Presidente del Gobierno del reino donde vivo piense igual que este otro señor. Porque siendo así, esta claro –clarísimo- que no es cierto que las medidas de ajuste brutal y supresión de derechos sociales e incluso políticos que está tomando lo sean por necesidad. No son medidas necesarias –aunque esa es otra discusión- pero le “perdonaría” incluso, que las tome por falta de valentía para enfrentarse a los poderes fácticos en defensa de sus ciudadanos, o por pura ineptitud o falta de imaginación para encontrar alternativas.

Pero no, el cercenamiento de derechos y el desmantelamiento de todo lo que suene a política de inclusión, de solidaridad, de igualdad, se ajustan perfectamente a sus ideas (así combate Ud. la “envidia igualitaria” de quienes no aceptan los privilegios de unos pocos). Es lo único que decide y ejecuta sin dilaciones. Es por eso que le quita los derechos humanos a los inmigrantes (no vale la pena gastar en los de “mala estirpe”) y premia con una amnistía a los ricos que evaden impuestos (no vayamos a cercenar su derecho natural a hacer dinero sin el control del Estado). Es por eso que nunca salió de su boca la intención de reducir la brecha salarial agrandada por la crisis (los de “buena estirpe” ganan cada vez más y los de “baja ralea” cada vez menos. Es por eso que tiene el ministro de educación que tiene, o que no destituye a una secretaria de estado de investigación que afirma que “en España sobran científicos.” No sobran científicos, NUNCA sobran científicos. Incluso si toda la población española fueran científicos, no sobraría ninguno. Porque entre todos los científicos encontraríamos una manera de aprovechar al máximo el conocimiento colectivo. Porque los científicos no son como los banqueros, los científicos saben que el conocimiento compartido es más conocimiento, que el conocimiento no se destruye cuando se usa sino que crece, y que –a diferencia de lo que pasa con el dinero- el conocimiento de uno no se basa en la ausencia del conocimiento del otro.

Me encantaría creer que no le gusta hacer lo que está haciendo, que lo hace por presión, incluso por ineptitud o por miedo. Pero lamentablemente sus actos se corresponden a la perfección con su esquema ideológico. No me lo imagino lamentando las medidas a tomar, sino que me lo imagino como un niño en una piscina, disfrutando y chapoteando entre las olas de reales decretos cercenadores de derechos. Hasta el momento lo podía disimular, pero el domingo en su conferencia de prensa anunciando el “no rescate” ya no pudo evitarlo. Pletórico estaba, lástima que no pudo festejar luego que gane España.

María Claudia Cambi

Valencia, 12 de junio de 2012

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