De sardinas, petróleo e ideología.

Hace unos días tuve una discusión con compañeros de trabajo, acerca del asunto Repsol YPF (comenzó sobre el rumbo de la economía española y sobre cómo había visto a Argentina en mi reciente viaje, y terminó -cómo no- en YPF).

Lo de ser la roja y feminista de la empresa ya lo tengo -y lo tienen- asumido, así como ya tengo asumidos -que no consentidos- los micromachismos cotidianos con los que tengo que lidiar, buscando -y no siempre encontrando- el equilibrio entre no dejar pasar ni una, y mirar para otro lado para no arruinar la comida.

Lo que rescato de esa discusión es uno de los argumentos, esgrimidos por un economista cuando, a la afirmación de que «no debíais haber privatizado en los 90 entonces», respondí: «entonces me dáis la razon, la recuperación de las acciones de YPF es la corrección de una incorrección que no debió haberse producido». Este economista entonces afirma: «Claaaaro, Claudia tiene razón y nosotros no. Si mi abuela un día malvende todos sus bienes y deja a sus nietos sin nada de herencia, podemos, ya que eso no estuvo bien, ir a los compradores y quitarles todo lo que compraron, Así de fácil y con todo el morro. (ironic mode off)»

Dejando de lado que en este ejemplo también podría caber la restitución si hubo vicio del consentimiento en origen, y que expropiar no es quitar por las buenas algo a otro ni es algo de países bananeros, sino que la expropiación por causas de utilidad pública es una institución reconocida y utilizada por muchos países, entre ellos España. Decía, dejando de lado eso, lo que me llamó la atención del argumento es la llana y directa asimilación, poniendo en igualdad de condiciones para su protección contra el dispendio y mala administración, a los bienes particulares (los tesoros de la abuela) y a los recursos naturales, los derechos soberanos de un Estado.

Debo reconocer que mis intentos de hacerle entender las diferencias entre uno y otro fueron inútiles. Para él, reconocer las diferencias hubiera implicado cambiar su ideología y su manera de entender la economía y el mundo.

Y es así, no se trata de gestionar mejor o peor, ni siquiera de ser más o menos corrupto (fijaros incluso lo que llego a decir poniendo la corrupción en un plano secundario), se trata de -básicamente y reconociendo matices- dos concepciones antagónicas. Para unos, la propiedad de los bienes en general -sea particular o colectiva- debe estar sometida al principio de función social e interés común, y con más razón los recursos soberanos de un Estado. Para otros, la propiedad privada es un bien sagrado e intocable, y no hay cuestión de soberanía ni de recursos naturales que pueda estar por encima de ese sagrado derecho, todos los bienes son mercancías en potencia, y como tal deben ser tratados, aunque hablemos de petróleo, o de vacunas.

Y por qué me acordé de esta discusión?

Porque ayer escuché -en un avance del programa Salvados, de Jordi Évole- a Eduardo Montes, presidente de la patronal de las compañías eléctricas españolas (UNESA) comparar la producción en el sector eléctrico con la producción de latas de sardinas. El programa se emitirá este domingo a las 21.30, pero ya puede verse un adelanto en la web de la cadena.

El número uno del lobby de las eléctricas, muy suelto de cuerpo, ante una pregunta alusiva a la inexistencia de auditorías sobre los verdaderos costes del sector,  respondió: «¿Hay algún organismo que controle lo que cuestan las latas de sardinas?»,

Finalmente, y a la pregunta sobre lo que pueden hacer las compañías eléctricas para paliar la situación del creciente número de ciudadanos afectados por la pobreza energética, Montes contesta: «Lo que no puede ser es que sean compañías privadas las que suplanten una obligación del Estado».

Ahí tenéis en su estado más puro a un fiel representante de esta ideología para la que los derechos humanos, las sardinas, la educación, los artículos de lujo, la electricidad, los recursos naturales, la necesidad de alimentos, las acciones en bolsa, la salud, el dólar… es todo lo mismo: mercancías. Ah, eso sí, lo dijo el señor bien clarito: que de los pobres se haga cargo el Estado.

Te dirán que se trata de elegir buenos gestores, te dirán incluso que es mejor elegir gobernantes ricos porque no necesitarán robar y serán honestos (pocas gilipolleces mayores he escuchado en el tema político), te dirán muchas cosas para que creas que ya está todo establecido, que existe un orden intocable, que la economía es una ciencia absoluta como las matemáticas, y que sólo hay que elegir buenos administradores.

No les creas. La ideología sí importa.

Doctrina Parot, Tribunal Europeo y Derechos Humanos: una explicación sencilla para quienes no entienden «cómo es que les dan la razón a esos criminales».

1) La llamada “doctrina Parot” del Tribunal Supremo español es un criterio sobre aplicación de beneficios penitenciarios. Cuando alguien resulta condenado a penas por encima del máximo previsto en la ley, esos beneficios pueden aplicarse sobre el total de penas o sobre el máximo que debe cumplirse legalmente. Si los beneficios que implican reducción de pena se aplican sobre el total de penas y alguien ha sido condenado a 1.000 años de prisión no es lo mismo empezar a descontar tiempo, comenzando en 1.000 años o en 30 años (que es el máximo de condena de cumplimiento efectivo), como es evidente. Hasta una fecha determinada, en España se aplicaba la redención sobre la pena máxima de 30 años.

2) El cabreo ciudadano ante el hecho de que asesinos múltiples con condenas enormes quedasen en libertad a los 20 años de estar en prisión provocó una reforma legislativa  en 2003 que dio lugar a una modificación del artículo 78 del Código penal (del nuevo Código Penal de 1995 -que vino a reemplazar al de 1973- y que ya había eliminado la redención de penas, aunque mantenía, lógicamente, otros beneficios penitenciarios).  Es decir que a partir de 1995 ya no existía la redención de penas -aunque sí otros beneficios- y se seguía tomando como condena el máximo de 30 años. A partir de 2003 se pasa a tomar para los beneficios el total de las condenas múltiples (1.000 años, por ejemplo, y no 30).

3) El sólo hecho de que se hable de que la doctrina lleve el nombre del condenado, Parot, y no del jurista que la elaboró, es un claro indicio de que fue concebida ad hoc, para cambiar la interpretación de la ley con miras a un caso específico ya ocurrido. Se refería a un delito cometido antes de 1995 (o sea que existía la redención de penas y se contaba el máximo de 30 años) pero que finalizaba su condena después de 2003. La sentencia del Supremo que recoge la doctrina Parot es del año 2006, y a partir de ahí se aplicó en todos los casos de presos por delitos múltiples que con el cómputo anterior saldrían a los 20 años de prisión, para hacerles cumplir el máximo de 30 años.

4) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos -en relación a un caso concreto que fue llevado hasta él- no dice que el cómputo de las penas con la reforma penal de 2003 -que evita que criminales múltiples cumplan menos del máximo- esté mal, ni que el criterio de fondo de la doctrina Parot sea ilegal.

5) El Tribunal Europeo lo que hace es ratificar la vigencia plena para los Estados que respetan la Convención Europea de Derechos Humanos, de un principio básico del Derecho Penal de las sociedades democráticas: no hay delito ni pena sin ley penal que previamente lo establezca.

6) Este principio es una de la más importantes garantías ciudadanas contra la arbitrariedad del Estado y proporciona seguridad jurídica, al saber qué actos son delitos y qué sanción corresponde, antes del acto.

7) Cambiar el cómputo del cumplimiento de las penas extendiendo el período de prisión implica un cambio en la condena. Por ende, este cambio sólo puede aplicarse hacia el futuro: a los delitos cometidos con posterioridad a la nueva ley (a partir de 2003).

8) La doctrina Parot que extiende el período de prisión para determinados delitos múltiples, pretendía ser aplicada por el Tribunal Supremo español -y de hecho se aplicó- a delitos cometidos con anterioridad a su elaboración (el objetivo de esta doctrina es aplicar el cálculo extensivo de las penas a delitos cometidos antes de las modificaciones del Código Penal en 2003, puesto que a partir de aquí sí se aplica el cómputo extendido).

9) Es esto último lo que el Tribunal Europeo considera violatorio de la Convención Europea (art. 5.1, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa): ya que al momento de cometerse esos delitos no existía el Código Penal de 2003 y el criterio del Tribunal Supremo español era distinto al de la doctrina Parot. No es cierto que el Tribunal Europeo esté en contra de la aplicación de los beneficios sobre el total de condenas, de lo que está en contra es de que este cambio se aplique retroactivamente, a delitos cometidos con anterioridad a la ley. Y sí, los Tribunales de Derechos Humanos tienen la saludable costumbre de velar por los derechos humanos.

10) A la civilización humana le ha costado miles de años llegar a reconocer la existencia de algo tan básico como que «todo ser humano tiene determinados derechos por el sólo hecho de ser humano» y que las garantías en materia penal son una protección al ciudadano, -como yo y como tú que estás leyendo- contra la arbitrariedad del Estado, no una protección a los delincuentes.

11) Muy débil sería nuestro Estado de Derecho y nuestra convicción democrática si un criminal -con la excusa de aplicarle el mayor castigo- nos llevara como sociedad a traicionar los más elementales principios de aplicación de los derechos humanos. Convencidos de nuestro triunfo, no hubiéramos sido mejores que el criminal.

12) Es normal que las víctimas se sientan agraviadas por la imposibilidad de extender las penas a delitos cometidos antes de 2003 y consideren que la sentencia es injusta. En realidad, ninguna sentencia sería justa desde su punto de vista, por imposibilidad de restaurar las cosas la estado anterior al delito y por imposibilidad de que exista un castigo acorde al daño. Incluso si hubiera pena de muerte ¿acaso podría ser castigado tantas veces como delitos cometió el reo? Hasta con la pena de muerte, recibiría el mismo castigo el condenado por un homicidio que por treinta, porque ambos morirían una vez.

13) Siglos de civilización nos llevó pasar de un Derecho Penal en el que regía la venganza privada, a un Derecho Penal que ponía el poder punitivo en manos del Estado. Claro que las víctimas deben ser oídas, resarcidas y reivindicadas. Pero así como nadie defendería seriamente que un paciente con cáncer sabe más que su oncólogo sobre cómo curar el mal, no se puede defender seriamente que sean las víctimas las que determinen la política criminal del Estado, que lo que debe perseguir no es la venganza sino la paz social, con respeto a los derechos humanos. Las víctimas son parte, por supuesto, con derecho a ser oídas, pero no son el legislador ni el juez.

14) Los medios de comunicación ante la sentencia: lamentablemente, salvo contadas y honrosas excepciones, han perdido una gran oportunidad de informar al ciudadano, optando por desinformar azuzando los instintos más básicos de venganza. Hoy cualquier televidente medio cree que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «se ha puesto del lado de los terroristas», cuando en realidad no ha hecho más que reafirmar los derechos humanos de todos los ciudadanos.

FAGOR España y SIAM Argentina: dos fábricas «símbolo» de dos países que caminan en sentido inverso.

FAGOR -el único fabricante español de electrodomésticos y líder del mercado, buque insignia del mayor grupo industrial del País Vasco y presente en todas las cocinas españolas desde 1956- acaba de comunicar la presentación de un preconcurso de acreedores, integrándose al recientemente creado club de «empresas españolas de toda la vida» que quiebran, junto a Pescanova, Roca, Scalextric, Huesitos, etc.

¿La causa? Que en los últimos cinco años la facturación se redujo a la mitad; que viene acumulando pérdidas desde 2009 hasta llegar a 1.000 millones de Euros; que ni la reducción de la plantilla a un 50%, ni la rebaja de salarios, han logrado que la compañía se sobreponga a la drástica retracción del consumo de las familias (si antes se cambiaba la heladera porque aburría el color, ahora se cambia cuando ya es imposible seguir «atando con alambre» los trozos) y a la falta de financiación.

Varios miles de puestos de trabajo -directos e indirectos- que se pierden, lo que equivale a miles de familias con la zozobra del desempleo quién sabe por cuánto tiempo, y un soberbio varapalo al tejido industrial vasco, son las inmediatas consecuencias de la noticia. Pésima noticia, pero no inesperada.  Más de 200.000 empresas han cerrado y más de 300.000 trabajadores autónomos se han dado de baja desde el comienzo de «la crisis».

Mientras tanto, en Argentina, SIAM, que en los años 40 y 50 fuera la compañía más grande de América Latina en la industria metalmecánica, orgullo nacional y todo un clásico en las cocinas de nuestras madres y abuelas, se había visto reducida casi a la nada en 1986 cuando fue literalmente desguazada (subsistiendo únicamente una planta de producción de 100 trabajadores autogestionada en cooperativa, en la localidad de Avellaneda).

Pero en pocos días SIAM -la marca de las heladeras de nuestra infancia que los jóvenes no conocen- reactivará la producción de la planta de Avellaneda creando 1000 empleos directos e indirectos, gracias a una inversión privada de capital argentino, de 35 millones de dólares. SIAM volverá a competir en el mercado argentino de los electrodomésticos con vocación de volver a ser líder.

¿Las causas? Quizás sea porque se recuperó el poder adquisitivo de los salarios, que se crearon 5.000.000 de empleos, que creció un 105 % el PIB industrial. Que a pesar de que en 2003 había un 54% de pobres, un 27% de indigencia, un 23 % de clase media y un 25% de desempleados, ahora -en 2013- hay un 6% de pobres, un 1,5% de indigencia, un 46 % clase media y un 7% de desempleados. Quizás sea porque después del infierno de 2002, se decidió que para poder pagar la deuda pública había que rescatar a los argentinos antes que a los especuladores, porque «los muertos no pagan deudas». Y así se hizo, y hoy se paga la deuda, y se crea empleo, y el consumo de las familias se dispara, y los viajes al exterior, y la compra de automóviles, y de muebles, y de electrodomésticos. Y por eso SIAM vuelve.

FAGOR agoniza en España al mismo tiempo que SIAM revive en Argentina. No son hechos excepcionales, tampoco una mera anécdota, ni casualidad.  Son síntomas, o más bien botones de muestra del rumbo de uno y otro, son la consecuencia de dos políticas de gobierno y dos modelos de país.

Sin embargo, en España, una gran mayoría ciudadana sigue creyendo que no hay otra salida. Sigue consumiendo des-información, y sigue escuchando los adjetivos «populista» y «autoritaria» en cada noticia que los medios le ofrecen sobre al gobierno argentino.  Y en Argentina, un sector de la ciudadanía sigue creyendo que su éxito se debe pura y exclusivamente a su esfuerzo individual, como si ello pudiera lograrse sin un marco político y económico que favorezca la reducción de las desigualdades, la creación de empleo y la protección de la industria, la tecnología y la cultura nacionales.

Si a mí no me creen, pueden creerle al Nobel de Economía Paul Krugman:

«La cobertura de prensa de la Argentina es otro de esos ejemplos de cómo el conocimiento convencional (sobre economía) hace -de manera aparente- imposible acceder correctamente a la información. Seguimos escuchando historias sobre la recuperación de Irlanda cuando, en realidad, no hay mejora alguna, aunque debería haberla porque tomaron el camino ‘correcto'».

«En cambio, los comentarios sobre la Argentina tienen un tono más que negativo: la Argentina es irresponsable, está renacionalizando sus industrias, tiene un discurso populista, así que les deber ir muy mal, sin importar lo que los estudios indiquen.»

«Sólo para que quede claro, considero que a Brasil le está yendo muy bien, y que ha tenido un buen liderazgo. Pero ¿por qué para nosotros Brasil dio el salto (pertenecer al BRIC) y la Argentina sigue siendo desacreditada? De hecho, sabemos muy bien porqué, pero no hablaría bien de la salud de los reportes económicos.»

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/20-58906-2012-05-04.html

«Primero los de casa» (desmontando tópicos)

El joven no entendía por qué tanto enfado con el Ministro francés que ordenó expulsar a todos los gitanos rumanos, de vuelta a Rumania:

Estos de los derechos humanos ya se pasan!!! Es cierto que delincuentes e impresentables hay de todos orígenes y colores, no es que yo sea racista ni «xenófago» o como se diga eso, pero a éstos que no son franceses -pensaba el joven- no tienen por qué aguantarlos. Además, yo estoy en España, qué me importa. Bastante tengo con lo mío, hace dos años ya que no tengo curro, nadie necesita un albañil. Y sin pasta tampoco puedo estudiar otra cosa…
En fin… voy a seguir echando currículums, a ver si hay suerte. Ahora hay que tener suerte hasta para que te reciban el currículum, y ni hablar para que al menos lo lean. Creo que tengo más posibilidades de ganar la lotería que de encontrar algún curro. Y encima te encuentras con que está lleno de extranjeros trabajando. No tengo nada contra ellos, pero ¿no debería ser los españoles primero cuando somos tantos los que estamos parados? 6.000.000 de desempleados, si los de afuera se volvieran todos a su país seguro que la mitad de los españoles encuentra trabajo.
Ayer mismo pasé por una empresa de transporte a echar el curriculum (no he repartido nunca, pero no me importa y aprendo rápido, además me gusta conducir), cuando llegué había un montón de conductores descargando, y resulta que también había colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, marroquíes, rumanos, y un par de negros africanos. Cuando localicé a un español le pregunté dónde dejar el CV y llamó a la responsable: «Claudia, ¿puedes bajar que hay un chico que pregunta por trabajo?» Era también extranjera!!!!!
No puede ser, si dan ganas de hacerse de esos con la cabeza rapada y las botas, un «esquínjed» de esos. Ya sé, voy a escribir a los de la empresa de transporte y les exigiré que despidan a todos los extranjeros y contraten nacionales o les mando una inspección de trabajo y de hacienda y de todo lo que pueda. Nadie está limpio del todo, seguro que se asustan. Decidido. No les va a salir barato tener tantos extranjeros. Alguien tiene que hacer algo o este país se va al carajo.
Primero los de casa ¿no? Si tus hijos pasan hambre no le vas a regalar comida al vecino. Pues acá pasa lo mismo. Si hay españoles en paro no vamos a regalar empleo a los de afuera!!!
Bueno, a seguir. Me voy para Llanera de Ranes que me dijeron que van a contratar albañiles para unas obras viales y la nueva planta de residuos también pide gente.

– Buenas… ¿es acá donde hay que apuntarse para la obra vial?
– Sí, déjeme el currículum.
– Tome. Como verá, soy albañil con mucha experiencia, español, y hablo valenciano.
– ¿Es vecino de Llanera? Porque acá Ud. pone que vive en Valencia.
– No, soy de Alzira de toda la vida, pero ahora vivo en Valencia.
– Lo siento entonces, se ha decidido contratar solamente a vecinos del pueblo. Tome, llévese el currículum, si lo deja irá a la basura.

Esta historia es una ficción basada en distintos hechos e informaciones reales, vividos o presenciados por la autora.

María Claudia Cambi

Valencia, 25 de septiembre de 2013

Jonas Salk y Mariano Rajoy (a propósito de la propiedad del Sol).

Jonas Salk fue un señor nacido en Nueva York en 1914, hijo de una familia inmigrante ruso-judía sin educación, nacido y criado en Harlem, Queens y el Bronx.  Sin «estirpe», sin dinero, y estudiante de escuela pública, descubrió la primera vacuna contra los tres virus de la poliomielitis que permitió la erradicación de una enfermedad considerada hasta entonces un flagelo universal.

El incentivo de Salk para salvar millones de niños de la poliomielitis no fue el incentivo económico.  Cuando el célebre periodista Eduard R. Murrow le preguntó en una entrevista televisiva quién poseía la patente de la vacuna, respondió:
“Bueno, la gente, diría yo. No hay patente. ¿Podría usted patentar el Sol?” (1)

Jonas Salk echa por tierra los postulados ideológicos del Partido Popular, el que gobierna el Reino de España.  Jonas Salk es sólo un ejemplo conocido de millones más que contradicen la afirmación de que los hijos de «buena estirpe» son superiores a los demás y están predestinados para ello, y que no es cierto que «el supremo incentivo para estimular la productividad y el progreso son las primas de producción».  (2)

Los Energéticos, de Manel Fontdevila. Publicado en eldiario.es, 5/8/2013. http://www.eldiario.es/vinetas/energeticos_10_161433856.html

«¡Vamos a demostrar que ni Jonas Salk ni nadie como él son ejemplo de nada! ¡Vamos a demostrar que se equivocan! ¡Vamos a demostrar que sí se puede patentar el Sol!» Así me imagino a Mariano Rajoy y su Ministro de Industria cuando el pasado 18 de julio remitieron a la Comisión Nacional de Energía el proyecto de decreto que establece que si generas y consumes tu propia energía solar o eólica, tienes que pagar un «peaje» que hará que el autoconsumo resulte más caro que comprar la electricidad al oligopolio hidroeléctrico, y todo bajo penalización que puede llegar hasta 30 millones. (3)

¿Quién dijo que no se podría cobrar regalías por «tomar el Sol»? Ah, sí, Jonas Salk, ese hippie.

María Claudia Cambi

Valencia, 6 de agosto de 2013.

(1) Entrevista a Jonas Salk en CBS Televisión, en See It Now (12 de abril de 1955), citado en Disparos en la oscuridad: la búsqueda de una díscola vacuna contra el SIDA (2001) de Jon Cohen.

(2) «RAJOY, BLAQUIER, Y LA ENVIDIA IGUALITARIA», de María Claudia Cambi, en  https://dosorillas.wordpress.com/2012/06/12/rajoy-blaquier-y-la-envidia-igualitaria/

(3) http://www.diarioprogresista.es/industria-impide-el-autoconsumo-electrico-al-hacerlo-mas-caro-que-el-34257.htm

¿Que si estoy a favor o en contra del aborto? No se trata de eso.

Os aseguro que lo he intentado, pero después de recabar opiniones de familiares, amigos, conocidos, colegas, contactos, expertos, autoridades, etc., no he podido encontrar a nadie que esté a favor del aborto.

Yo tampoco. Yo no promociono el aborto, yo no recomiendo abortar a cada mujer embarazada que veo, tampoco afirmo que el hecho del aborto sea bueno ni que te haga más feliz. Yo no digo: toda mujer debería abortar al menos una vez en la vida. Y, sinceramente, hasta ahora no he oído ni leído a nadie que piense así.

Con lo que me encontré es con personas de las más diversas opiniones y creencias en los aspectos morales, éticos y religiosos, y en las más diversas situaciones: hombres y mujeres, solteras y casadas, ricos y pobres, madres, padres, hermanos… Me encontré con quienes están en una posición en la que jamás se encontrarían con semejante dilema personal, y sin embargo rotundamente afirman que jamás justificarían un aborto y se cierran ante cualquier argumento  despenalizador. Y a la inversa, con personas que en su esfera personal han decidido o creen que decidirían siempre no abortar, y sin embargo están a favor de la despenalización del aborto y defienden el derecho de la mujer a recibir asistencia y poder de decisión en ese aspecto.

El 77% de los líderes antiaborto son hombres, el 100% de ellos nunca estará embarazado.

A favor o en contra del aborto es un falso eje de discusión. Tan falso como autoproclamarse «provida» quienes están a favor de la criminalización del aborto. Aclarado esto ¿en contra o a favor de qué?. Vamos por partes:

El aborto es una cuestión de Derecho Penal. EN CONTRA.

Está demostrado que la amenaza penal no logra evitar abortos. Lo único que logra es que la intervención se produzca en la clandestinidad. Que a una mujer que se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida, se le añada el estigma de la criminalización y el rechazo. Que la clandestinidad a la que se ve obligada la lleve a tener que tomar decisiones en soledad y sin ningún tipo de amparo.

La aplicación de las normas penales tampoco funciona, ni puede funcionar. Aplicar el Código Penal y perseguir el delito implicaría que deban ir presas cada año casi cientos de miles de mujeres por cada país que lo haga. Mujeres que pueden ser nuestras hermanas, amigas, vecinas, cuñadas, maestras… En general, ni siquiera se persigue el delito, porque la sociedad no está dispuesta a que esas mujeres vayan a prisión. Los procesos penales iniciados casi nunca terminan en condena, pero la persecución penal y el sometimiento a juicio es una condena en sí misma para la mujer. Que paradójico, mientras una parte de la sociedad demanda -con toda razón- que se penalicen actos que actualmente están fuera del Código Penal permitiendo que estafadores y vaciadores de las arcas públicas estén en libertad, otra parte de la sociedad

El principal efecto que produce la criminalización del aborto es que éste se produzca en la clandestinidad, y que la mujer tenga que enfrentarse a esa decisión sin ningún tipo de contención institucional.

El aborto es una cuestión de Salud Pública, Justicia Social y Derechos Humanos. A FAVOR.

El aborto clandestino coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad mayor en comparación con el aborto legal. Muchas veces deciden afrontar el tema en la más absoluta soledad con la consiguiente indefensión ante cualquier problema. Muchísimas veces ante una complicación el miedo a enfrentarse a la justicia impide que acudan al auxilio médico.  Incluso cuando el aborto se realiza en las mejores condiciones, cuando el dinero no es un problema, la clandestinidad en sí misma es un factor que aumenta exponencialmente el riesgo de muerte. Muertes que podrían evitarse. Por eso el aborto es una cuestión de Salud Pública.

El aborto clandestino aumenta el riesgo de muerte sin distinción de clases, pero además agrava las diferencias entre ricos y pobres, poniendo en una situación de vulnerabilidad máxima a las mujeres sin recursos económicos. Ellas no podrán acceder a una clínica privada. Deberán recurrir a métodos caseros o a profesionales no cualificados y lugares no habilitados. Por eso el aborto es también una cuestión de Justicia Social.

El Estado debe evitar todas las muertes evitables. Y estando comprobado que la persecución penal no disminuye el número de abortos, la acción del Estado debe dirigirse a que el aborto pueda realizarse en condiciones seguras de salubridad. El Estado tiene a su alcance impedir las muertes de las mujeres más vulnerables por los abortos clandestinos. Los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna en muchos países  donde el aborto es considerado delito. Añadamos el hecho de que no hay ninguna situación comparable en la que se encuentre la otra mitad de la especie -el género masculino- como consecuencia de la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. Incluso cuando ambos están de acuerdo, la vida en riesgo como consecuencia de la clandestinidad es la de la mujer. Es una clara situación de desventaja evitable en la que se encuentra más de la mitad de la población. Por eso el aborto es una cuestión de Derechos Humanos.

Despenalizar el aborto no aumentará el  número de abortos. No hay ningún país del mundo donde ello haya ocurrido. Al contrario, la despenalización del aborto va de la mano de políticas de educación sexual que lo que hacen es evitar precisamente los embarazos no deseados. Además, estoy convencida de que hay más posibilidades de que decida continuar su embarazo una mujer en situación de desprotección si puede acudir a las instituciones, recibir asesoramiento y apoyo y -con la contención adecuada- decidir libremente, que las posibilidades de decidir continuar que tiene una mujer que se ve obligada a acudir al circuito clandestino cuyo único destino es el aborto, no la contención ni la ayuda institucional.

Por eso: Educación sexual para poder decidir libremente, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

¡Feliz Cumpleaños, Ciudadano General Cesio!

Como cada 1 de julio, felicito al General Juan Jaime Cesio por su cumpleaños y lo hago públicamente no sólo para homenajearlo, sino para dar a conocer su historia de honor y compromiso con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos.

Esta vez empezaré por el final. Porque necesitamos finales felices tanto como necesitamos ejemplos, y su historia -afortunadamente- nos brinda ambos. Nos alegra el alma conocer finales felices a vidas dedicadas a la reafirmación democrática en tiempos de dictadura.

Porque a sus recién estrenados 87 años, el General Juan Jaime Cesio ha ganado al olvido y a la infamia. Su trayectoria vital no sólo es un ejemplo, sino un estímulo. Hoy disfruta de un retiro honorable, en compañía de su esposa, hijos y nietos maravillosos. Y en libertad.

Quienes no conocen al General Cesio se preguntarán el porqué de mi nota. Se extrañarán aún más si les cuento que este ciudadano fue descalificado por falta gravísima al honor con accesoria de pérdida del uso del grado, título y uniforme. Pero si también les cuento que la sanción fue aplicada por la última dictadura cívico-militar argentina, la que entre 1976 y 1983 cometió los más graves delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos de la historia reciente, seguro que algo empiezan a entender.

La gravísima falta del entonces Coronel Cesio fue acompañar a las Madres de Plaza de Mayo en una de sus marchas. En realidad no fue sólo eso, puesto que declaró públicamente durante la dictadura que “bandas integradas por militares habían usurpado el gobierno” y que con “el mendaz propósito de combatir la subversión, cometieron delitos aberrantes, como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas”.

En momentos en que la práctica totalidad de los uniformados se callaron la boca y miraron para otro lado, al Coronel Cesio se le dio por tener el coraje de decir la verdad.

Consecuencia de semejante atrevimiento, se le inició un sumario por “deshonor e indecoro militar”. Denunciar la desaparición de personas era indecoroso para nuestros militares. Se pidieron para el Coronel Cesio seis años de prisión mayor. Tras un sobreseimiento y un nuevo juicio, el llamado Superior Tribunal de Honor del Ejército le impuso, el 7 de noviembre de 1983 (un mes antes del fin de la dictadura y asunción de Raúl Alfonsín), la más grave de las sanciones previstas. “Descalificación por falta gravísima al honor, con la accesoria de privación de su grado, título y uniforme”.  Osvaldo Bayer dijo sobre el tema: “Matar, desaparecer, robar niños, torturar a mujeres embarazadas, tirar al mar a seres humanos vivos, no era delito. Denunciar esos hechos, sí.”

Ante la condena del Coronel Cesio, el director del Buenos Aires Herald -James Neilson-  escribiría el 15 de noviembre de 1983  un artículo en el que señala: “Muy difícil sería encontrar una prueba más impresionante de los efectos profundamente corruptores del poder sobre las instituciones militares y los hombres involucrados en ellas que el suministrado por este lamentable episodio, revelador del inmenso daño infligido no sólo al país sino a las mismas fuerzas armadas por decenios de régimen militar directo o indirecto. Se ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es honorable y lo que no lo es y la de haber instituido un código de silencio, que lo subordina todo al ocultamiento de la verdad no sólo de los extraños sino también de los militares que temen enfrentarla”.

Durante más de 20 años de democracia en la Argentina, la sanción aplicada al Coronel Cesio siguió vigente. Mientras tanto, los genocidas se beneficiaban -de momento- de indultos y leyes de olvido. Algunos llegaron a legisladores y gobernadores.

El Coronel Cesio, mientras tanto, fundó el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), desarrolló una militancia política en el Partido Intransigente (lo cual me dio el honor de ser compañera de militancia), y siguió esperando -igual que la sociedad entera-  Justicia.

A continuación, una pequeña píldora de su pensamiento:

“Los militares sirven a la democracia en su profesión y se integran a su país como ciudadanos. Como militares obedecen, como ciudadanos hacen uso de las libertades que la Constitución les otorga, a la que defienden en todos sus órdenes; de entre ellos, el de velar por la paz.” “Se podría comenzar con tratados internacionales de desarme. Es insensato que en los presupuestos se destinen a la compra de armamentos recursos que servirían para paliar la desnutrición y cuidar la salud, entre tantas necesidades impostergables que nos conmueven. La tenencia de armas por parte de los ciudadanos debe ser restringida y ni siquiera debe aceptarse las que los niños usan para JUGAR”. 

“No pocos pueblos de América latina han sido flagelados por los golpes de Estado militares a los que llamaron revoluciones cuando en verdad fueron involuciones. Aunque ninguno causó mayor daño y espanto que la última dictadura militar argentina. Los represores –que no solamente mataron y torturaron, sino que también se enriquecieron escandalosamente– ganaron la que llamaron guerra pero perdieron la paz porque se valieron del terrorismo de Estado. El Estado es el único que tiene el derecho de ejercitar la violencia e impone esta potestad tal exigencia ética, que resultan desde todo punto de vista abominables las acciones consumadas sin el debido encuadramiento legal.”

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue designado Gerente de Resguardo Patrimonial de YPF y se envió por primera vez al Senado su pliego para que se le restituyera el grado militar. Finalmente -y una vez vencidas las resistencias de los sectores más rancios y conservadores- 30 años después del inicio de la dictadura que lo sancionó, y cerca de su cumpleaños 80, en el año 2006 recuperó formalmente el honor que nunca perdió. El entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner envió al Senado los pliegos de ascenso a general de dos coroneles comprometidos con la democracia y la Constitución y perseguidos por grupos paramilitares. La propuesta de ascenso, presentada como una medida “reparatoria, que pone las cosas en su lugar”, alcanzaba al Coronel Cesio y al fallecido Martín Rico, asesinado en marzo de 1975 cuando investigaba a la «Triple A” (banda terrorista de ultraderecha que tras el golpe de 1976 fue asimilada al aparato represivo de la dictadura).

Y cerrando esta historia, vuelvo al principio. Nuestro ahora General Cesio celebra sus 87 años con orgullo, junto a su familia, en libertad, y recibiendo el afecto de todos quienes lo apreciamos, admiramos y valoramos su ejemplo.

Así como a los militares genocidas la Justicia -aunque lentamente- los pone donde les corresponde: entre rejas, en el caso de nuestro General, han sido los representantes del pueblo, y el pueblo, los que le han dado el lugar de honor que se merece.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, QUERIDO GENERAL!

Adjunto en imágenes la entrevista  publicada por la emblemática Revista Humor de la época, y por cuyas declaraciones fue sancionado. Aprovecho para agradecer a mi amigo, el periodista Dante López Foresi, por hacerme llegar tan valioso documento.

Valencia, 1 de julio de 2013.

María Claudia Cambi

 

«Yo no soy racista, pero….» y otros engaños.

El 21 de marzo es el Día Internacional contra la Xenofobia y el Racismo en recuerdo de la Matanza de Sharpeville, que tuvo lugar en Sudáfrica ese día de 1960, cuando la policía abrió fuego contra una manifestación que protestaba contra el régimen del apartheid o segregación racial. 69 muertos  y 180 heridos, muchos de ellos niños, y todos de raza negra.

Medio siglo después y a pesar de los esfuerzos, la discriminación racial sigue presente, muy presente en nuestro entorno. No de la misma forma, por supuesto. El racismo violento –afortunadamente- se reduce a grupos de inadaptados, en muchos casos manipulados por agrupaciones políticas de extrema derecha. Aún con el peligro que acarrean, siguen siendo marginales, y su violencia se combate con el Código Penal. Son delincuentes, y así deben ser tratados. Esos no me preocupan.

La discriminación racial que sí me preocupa y que es la más extendida es esa de baja intensidad, que busca aprobación social y se entremezcla con la xenofobia, al punto que pueden considerarse en esencia, lo mismo. Miedo al diferente que se manifiesta de diversas formas: desde la invisibilización hasta la agresión física, pasando por el convencimiento de que somos superiores, y de que son “ellos” los que deben cambiar y ser como “nosotros”, renunciando a su propia cultura si quieren que los aceptemos, ya que las sensibilidades culturales y religiosas que tenemos que respetar son la “de aquí”, no las de ellos, que son “de fuera”. Eso sí, siempre acompañado de la aclaración de que “no soy racista, pero…”.

El racismo de baja intensidad de la gente como tú y como yo, del vecino, de la compañera de trabajo, de la recepcionista, del que atiende el teléfono y se pone en guardia cuando el otro habla con acento, del que cree que el inmigrante de la tienda de la esquina no se entera de sus burlas.

El racismo de quien compró el discurso xenófobo y creyó de buena fe que la solución al desempleo venía de la mano de mandar los inmigrantes de vuelta a sus países de origen, como si de deshechos industriales se tratara, que aplaudió las detenciones arbitrarias, la privación de derechos, la criminalización de una persona sólo por ser. Que votó a los candidatos que anunciaban que privarían a los inmigrantes del derecho a la salud, a la educación, a las ayudas sociales y a la vivienda. Que sabía que no estaba bien, que no era solidario ni era caridad cristiana, pero qué diablos… era por el bienestar y el empleo de “los de aquí”.

Siempre habrá alguien que lo justifique diciendo: «los que marginan son ellos!!».

El racismo de quien -ahora que se han ido por voluntad propia o a la fuerza no sólo muchos inmigrantes sino también muchos nacionales- ve que el desempleo sigue su escalada hasta porcentajes que parecen de ficción, que disminuye la recaudación impositiva y que entonces nos dicen que el problema está en que el Estado de Bienestar es obsoleto, que si el Estado gastara menos en mantener la salud pública y la educación y aceptáramos pagar aún más por ello habría más dinero para crear empleo y dinamizar la economía, que “achicar el Estado es agrandar la nación”, y entonces hay más desempleo, y se restringen también al máximo las ayudas a los desempleados.

Mientras tanto, los Bancos. Unos han tenido ganancias récord –en su cuenta de resultados y en la remuneración de sus directivos- y otros gestionados ruinosamente han sido rescatados con dinero público, dinero nuestro. Los Bancos que son los profesionales del crédito pero que son tratados por la Justicia como si fueran la víctima incauta frente al contrato de adhesión que el deudor hipotecario poderoso y manipulador de precios del mercado le ha obligado a firmar. Los Bancos a los que damos nuestro dinero público barato para que nos lo presten  más caro y así pagar la deuda pública contraída para rescatarlos a ellos mismos (así de simple, de tonto, y de criminal). Los Bancos que cada día dejan cientos de familias en la calle para quedarse con la vivienda vacía más la vivienda del jubilado avalista de su hijo hipotecado.

Y ahora es cuando –muy tarde ya- muchos “que no son racistas, pero…” se dan cuenta de que los han engañado. Ahora es cuando advierten que no es luchando por “lo de uno” cómo se conservan los derechos propios, sino luchando por los derechos de todos.  Que los derechos propios no pueden estar garantizados cuando no están garantizados los derechos ajenos.

En eso consiste, precisamente, la diferencia entre derechos y privilegios. Mientras los privilegios se basan en la privación del prójimo, en disfrutar lo que los demás no, los derechos tienen una matemática maravillosa: mientras más se amplían los derechos ajenos, más garantizados tenemos los nuestros. Y mientras más amenazados estén los derechos ajenos, más en peligro estarán los nuestros. ¿Por qué? Porque en una sociedad que consiente la exclusión y la discriminación, nunca perderás el miedo de que el próximo excluido o discriminado seas tú.

¿Qué hubiera pasado si el 10% -sólo el 10%- de quienes ahora se movilizan contra despidos o contra desahucios, nos hubieran acompañado cuando sólo éramos “cuatro almas” los que  nos movilizábamos contra las expulsiones de seres humanos y los Centros de Internamiento de Extranjeros, por los derechos de los más vulnerables de la sociedad en ese momento?

Quizás –sólo quizás- ahora no estaríamos luchando por derechos que creíamos asegurados. Quizás los que nos están robando nuestros derechos se hubieran encontrado con la resistencia de una sociedad más unida y solidaria. Quizás, si el por entonces Presidente del Gobierno hubiera sabido que contaba con la red de una ciudadanía solidaria y combativa no por sus intereses sino por los derechos de todos, y dispuesta a plantarse de verdad frente a los poderes fácticos y especulativos…. quizás no se hubiera dejado torcer el brazo y no hubiera firmado los decretos que jamás creyó que firmaría.

Mohamed Aziz frente a la vivienda de la que fue desalojado en 2011.

Y en medio de todo esto, nos encontramos con que el ciudadano que luchó y logró el dictado de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pone en jaque al sistema hipotecario español y abre el camino de la recomposición del equilibrio de derechos y paralización de los desahucios…  se llama Mohamed Aziz, y es un inmigrante marroquí.

No puedo evitar preguntarme: ¿Cuántos de los posibles beneficiarios de su perseverancia habrán mirado, opinado y actuado con algún grado de desprecio o resentimiento frente a ese inmigrante que “les robaba el empleo y las ayudas sociales” cuando las cosas se pusieron difíciles?

Para terminar, las palabras de mi amiga Leire Diez al conocer la noticia: “¿La sociedad se dará cuenta de que la historia devuelve a los intolerantes bofetones de dignidad de quienes sufrieron los ataques?”

María Claudia Cambi

Valencia, 21 de marzo de 2013.

12 de octubre de 1492 ¿Caducan los genocidios?

Ya es un clásico del 12 de octubre y los días previos en las redes sociales. Por un lado, mensajes y publicaciones recordando que ese día comenzó un proceso de exterminio de culturas y grupos humanos enteros y por otro lado, mensajes y publicaciones que con mayor o menor educación se resumen en: a mí que me cuentas, eso fue hace 500 años y yo no maté a nadie ni nadie de mis antepasados, además no te quejes que tu origen es europeo.

Veamos:

¿Fue un genocidio la conquista de América?

Claro que lo fue. Eduardo Galeano lo describe con una calidad literaria que no le quita rigor. Pero también lo hace Fray Bartolomé de las Casas (para quien tenga prejuicios en acercarse a Las Venas Abiertas de América Latina). Ambos deberían ser leídos antes de opinar, especialmente si no se ha nacido o vivido en América. Fue un genocidio religioso, cultural y económico. Que haya ocurrido hace mucho hace que no existan responsables ni víctimas directos, y explica que en su momento no se haya visto como tal (ni por los victimarios ni por la víctimas, puesto que el concepto de genocidio ni existía como tal).

¿Son culpables los actuales “descendientes” de los genocidas, los habitantes actuales de los reinos conquistadores?

Claro que no. Estoy de acuerdo con un amigo que con motivo de la efeméride del 12 de octubre expresó que ninguna condena dura más de una generación. Las generaciones actuales no son las culpables de ese genocidio fundante u originario. Parece una tontería aclararlo, pero resulta necesario cada vez que cuando alguien recuerda el tema, otro se defiende invocando “a mí que me cuentas” como si se lo hiciera responsable directo. No, nadie culpa a los españoles actuales de lo ocurrido en el siglo XVI, así que, por favor, no os defendáis -de eso- que no hace falta.

¿Subsisten los efectos de ese genocidio, o no?

La conquista de América creó las bases de una estructura social, política y económica profundamente desigual, tanto en el ámbito geopolítico (Norte-Sur) como dentro de Latinoamérica. El etnocentrismo europeo es una realidad actual. El relegamiento económico y político de los pueblos originarios, de los mestizos, de los “morochitos”, es una realidad. Que no sorprendiera en su momento que Bolivia tuviera un presidente que hablaba mejor inglés que castellano y que sí fuera todo un hito que Bolivia tenga un presidente indígena, es todo un botón de muestra. Que recién ahora -me refiero a las últimas décadas o años como mucho- se visibilicen y se reconozcan jurídica y políticamente los derechos de los pueblos originarios, es también otra prueba.

Que actualmente existen emporios económicos y grandes fortunas -en ambos lados del Atlántico- que se formaron al amparo de dicho genocidio, es un dato, no una opinión.

Sí, ya sé, no hace falta que nadie me lo aclare, no hay vuelta atrás, la historia ha continuado y debemos aceptarla. De hecho no creo que nadie se plantee seriamente la expulsión de los descendientes de los conquistadores, ni siquiera que sean restituidas todas las riquezas expoliadas, literalmente hablando (entre otras cosas porque es imposible de determinar su cuantía). Una hipotética compensación económica es un tema mucho más complejo y que pondría a prueba todo el andamiaje actual del Derecho Internacional Público y Privado.

¿Y los que no somos descendientes de los pueblos originarios no tenemos derecho a hablar del tema ni de recordar el genocidio?

No puedo negar mis orígenes. De hecho, culturalmente me siento lo que soy, una americana de orígenes europeos, con posiblemente una mínima parte indígena por parte de mi abuela paterna. Para muchos yo no tendría derecho a recordar el genocidio y llamarlo como tal sólo porque no soy, mapuche, qom o aymará. Tendría que aceptar la respuesta muy difundida: y tú de que hablas si eres europea en realidad. Y yo digo: ¿sólo los armenios tienen derecho a denunciar el genocidio armenio? ¿Sólo los judíos, gitanos, polacos, etc. tienen derecho a denunciar el genocidio nazi? Entonces no hagamos excepciones con el genocidio americano.

¿Y entonces?

Claro que ya no hay culpables de los hechos. Todos murieron, hace mucho. Pero las consecuencias dañosas subsisten. Y acá es donde entra a jugar el concepto de responsabilidad, que no es lo mismo que culpabilidad (reproche subjetivo a una conducta). Responsabilidad de aceptar la realidad actual. Responsabilidad de hacerse cargo colectivamente de contribuir a revertir las consecuencias negativas de un hecho ilegítimo, si pertenecemos al grupo beneficiado por ese hecho. Responsabilidad de contribuir al diálogo superador. El genocidio nazi se cerró en los Juicios de Nuremberg, podría decirse. El genocidio americano ya no puede tener su Tribunal de Potosí. Habrá que encontrar una manera de cerrarlo. No sé cual es, eso resultará de un esfuerzo colectivo.

Pero sí se que hay una manera en la que nunca se cerrará, y es amordazando a quienes lo siguen recordando. Porque es como negarlo.

María Claudia Cambi

Valencia (España), 12 de octubre de 2012.

El decreto

“Vuestra sociedad ideal es también una sociedad opresora”, dijo el anarquista al comunista. “No tenéis organización ni ideología y así no llegaréis a nada”, dijo el comunista al indignado. “Sois bipartidistas”, dijo el indignado al socialista. “Vuestra abstención termina beneficiando a la derecha”, dijo el socialista al anarquista.

Mientras tanto en la Moncloa, el presidente del gobierno junto al hombre de negro de los mercados se aprestaba a firmar el decreto que borraría los últimos vestigios de los derechos sociales y la igualdad de oportunidades. En la calle, ante la indiferencia de los viandantes, un grupo de fascistas insultaba a un inmigrante.

“Aunque mi ideal es una sociedad sin autoridad ni jerarquías, respeto vuestra vocación de poder y vuestras acciones a favor de una mayor igualdad y solidaridad social”, dijo el anarquista al socialista. “Un llamado de atención a los representantes y la exigencia de más democracia, no debería considerarse nunca inoportuno”, reconoció el socialista al indignado. “Indignarse es un gran comienzo, pero es cierto que no llegaremos a ningún lado si sólo nos quedamos en eso”, reconoció el indignado al comunista. “Creo que la sociedad sin jerarquías es sólo una utopía, pero es una bella utopía, y al fin y al cabo, son ellas las que nos hacen avanzar”, dijo el comunista al anarquista.

Entonces el hombre de negro se volvió por donde vino y el presidente del gobierno firmó un decreto convocando a elecciones, mientras los fascistas se dispersaban avergonzados ante el reproche espontáneo de los vecinos.

María Claudia Cambi

Nota de la autora: el texto que me inspiró es «Oh quepis, quepis, que mal me hiciste», un cuento corto de Mario Benedetti. ¡¡¡¡Gracias Silvana por traerlo!!!!